ÚLTIMOS ATENTADOS OCURRIDOS EN ERCILLA , SON MUY BUENOS MONTAJES

ÚLTIMOS ATENTADOS OCURRIDOS EN ERCILLA , SON MUY BUENOS MONTAJES

ELABORADOS PARA JUSTIFICAR MÁS REPRESION A COMUNIDADES MAPUCHES

 

 

Como se preparan los montajes por parte de las Policías.

La Comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI, denuncia a la opinión
pública nacional e internacional, como las policías chilenas preparan
los elaborados montajes para perseguir y encarcelar a los Mapuche. A
continuación se expone una muestra de esta “práctica”:

1.- En la madrugada del día viernes 17 de Septiembre de 2010, en las
cercanías de la ciudad de Ercilla, en el sector de Chamichaco, fueron
quemados una casa deshabitada y un galpón de propiedad de la Familia
Domínguez. Según las informaciones entregadas por parte de carabineros
a los medios de comunicación, no se encontraron en el lugar documentos
o signo alguno que aludiera a la causa mapuche, pero los autores del
hecho se habrían retirado hacia el sector de Quecheregua según
carabinero.

2. La familia afectada, preocupada, tomó contacto con nuestro Longko
Víctor Queipul Huaiquil, para informar de una grave acusación que
Carabineros realizó al momento de llegar al lugar y tomar las
declaraciones. Éstas consistían en que declararan que los autores del
hecho pertenecen a las Comunidades aledañas, específicamente a nuestra
comunidad, para así brindarles protección y reserva de sus
identidades. Cabe mencionar que La familia afectada específicamente la
Señora Flor Domínguez, es simpatizante de la causa mapuche, razón por
la cual y producto a la preocupación que tiene por la situación de los
presos en huelga de hambre, participo días atrás en la marcha mapuche
que se realizo en la ciudad de Ercilla.

3. Si bien es cierto que la familia afectada está muy mal por lo
sucedido, pero tampoco quieren que se cometan injusticias en contra de
personas inocentes, de tal forma que les pareció muy grave que
Carabineros llegara a persuadirlos a priori, sin investigación previa
de lo sucedido, para que atribuyeran la responsabilidad de los hechos
a una comunidad mapuche.

4. Para la Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, la situación
descrita nos parece muy grave, ya que con estas acusaciones queda de
manifiesto el proceder de las policías en la configuración de los
montajes, señalando y atribuyendo posteriormente responsabilidades a
miembros de comunidades Mapuche por los hechos sucedidos en la región,
sin realizar mayores investigaciones. Esto, unido a una campaña
comunicacional de desprestigio por parte de los medios de
comunicación, crea la falsa imagen de que las comunidades mapuche
realizan actos de violencia y alimenta el fantasma de un terrorismo,
inexistente por lo demás, usado por los gobiernos de izquierda y
derecha para encarcelar a mapuche de distintas comunidades.

5. Estos graves hecho solo buscan por parte de grupos paramilitares
como el Comando Hernán Trizano apoyado por los grandes latifundista de
la zona y carabineros retirados entre otros, empañar la movilización y
la búsqueda de soluciones a la demandas de nuestros hermanos en huelga
de hambre, ya que, sospechosamente, estos hechos ocurren cuando se
está a las puertas de tomar decisiones respecto a la extensa huelga de
hambre, teniendo en cuenta que los sectores poderosos de esta región y
del país no quieren que el gobierno solucione las demandas exigidas
para el cese de la misma.

6. Por último, hacemos un llamado a la opinión pública a no dejarse
llevar por las acusaciones infundadas de la policía hacia las
comunidades mapuche y las informaciones tendenciosas de la prensa y si
hay que buscar responsabilidades, debe investigarse a las mismas
personas que tratan de desprestigiar las movilizaciones y nos amenazan
constantemente. Si las policías o el Ministerio Público nos acusa
constantemente de hechos de violencia como el ocurrido en Chamichaco,
¿por qué no investigan las denuncias que nosotros hacemos en contra
del grupo paramilitar Hernán Trizano, del cual recibimos amenazas
constantes, incluso mediante publicaciones en diarios? Al parecer las
amenazas de muerte hechas por los wingkas en contra de nuestros
dirigentes, con nombre y apellido, no son amenazas terroristas…

NO A LA APLICACIÓN DE LA LEY ANTI TERRORISTA

FIN A LOS MOTAJES POLITICOS JUDICIALES.

Comunidad Mapuche Autonoma TEMUCUICUI
________________________________________________________________
COMUNICADO  POR DOS EXTRAÑOS ATENTADOS INCENDIARIOS EN ERCILLA.     
En la madrugada del 17 de septiembre recién pasado, alrededor de las 2:30 am.,de forma casi simultanea, pues fueron solo minutos de diferencia, ardió en llamas la casa sin moradores de nuestro vecino Egon Borgeaud  y un galpón que guardaba herramientas agrícolas menores  de propiedad de mi  padre  Enrique Domínguez Aburto.
Ambos siniestros  fueron realizados de manera sincronizada, ya que mientras dábamos aviso a bomberos ,el fuego se desato sin compasión sobre los inmuebles , no permitiendo salvar absolutamente nada de las llamas, pero además no se vio a nadie en las inmediaciones ,tampoco se escucharon voces, ni  ladridos de los perros que se hallaban en los galpones encerrados.
En casa de mi padre el desconcierto y la preocupación ante tamaño incidente no fueron menor. Fue  personal de carabineros  de la tenencia de Ercilla,fuerzas especiales  y un automóvil blanco con personal civil que tomaba fotos quienes llegaron primero que bomberos ,estos últimos pasaron de largo hasta la calle vecinal que da a la propiedad de Egon Borgeaud.Llama la atención que un funcionario de la unidad especial se dirigiera por los nombres de cada uno de los integrantes de la familia preguntando insistentemente :¿“don Kenny la señora Flor está en la casa”?,ya que nuestra propiedad esta entre el campo de nuestro vecino Egon y la parcela de mi padre.
Carabineros  presentes en el  lugar de propiedad de mi padre, quisieron inducir a ellos  y a mi hermana, que viven juntos, a que señalaran como responsables a mapuches, queriendo dejar establecida una línea acusatoria o inculpatoria a priori hacia ellos.
Al día siguiente por la mañana fui a casa de mis padres para saber de ellos y saber como andaban las cosas, en esos momentos  llego la LABOCAR para periciar el lugar siniestrado, una vez mas nos llama la atención que en el lugar en cuestión, no se prohibiera tocar nada, mas aun mi padre recogía restos de herramientas ,levantando latas  ayudado por el  teniente Torres de Ercilla,también bomberos había hecho lo suyo ,tampoco hubo guantes ni delantales blancos, por lo tanto el lugar no tubo ningún tipo de resguardo para proteger la evidencia.
Queremos alzar la voz para denunciar  y repudiar este hecho, deseamos como familias Domínguez Rosas y Sánchez Domínguez  decir que nosotros no pensamos que esta haya sido una acción del pueblo mapuche, que detrás de todo esto  existen  otros intereses, que estamos en presencia de una asociación ilícita que exigimos  y esperamos sea descubierta, no olviden que nuestra familia fue victima de un montaje con acusaciones muy gravosas  y que logramos demostrar nuestra inocencia ante el Tribunal de Juicio Oral de Villarrica el 22 de Abril del presente año  y donde los imputados fueron absueltos por unanimidad por los jueces de esta instancia ,quedando establecido en el fallo que fueron victimas inocentes de un montaje político, por lo tanto, hoy nos cabe la posibilidad de desconfiar y de estar mucho mas atentos y críticos con los acontecimientos que se han venido suscitando y donde una vez mas se ve envuelta nuestra familia de forma  gratuita.
Familia  Domínguez Rosas  y  familia Sánchez Domínguez.                                 
 Septiembre de 2010
____________________________________________
Comunicado del Piquete y CECT Francia

1.- La deposición de la huelga de hambre de una parte de los comuneros presos, no significa en ningún caso el fin de la huelga de hambre como se ha pretendido hacer créer en los medios informativos gubernamentales.
 
2.- Los presos políticos en ayuno de 85 días de la prisión de Angol, de los cuales 6 se encuentran en el hospital de Victoria, y otros por confirmar de Temuco, muestran que las demandas de los comuneros no han sidos satisfechas, sino en parte, y sus reivindicaciones siguen apuntando a la supresión de testigos encapuchados que imposibilitan el debido proceso, además de pedir garantías sobre el desistimiento del gobierno de llevar adelante las querellas por actos terroristas con la consecuente dualidad jurídico-aberrante de juzgarlos por tribunales militares y civiles a la vez.
 
3.- El Ministerio Público no ha cambiado su posición de persistir en las acusaciones de terrorismo y ya hay procedimientos en curso para los próximos procesos del mes en curso, lo que lleva a reforzar a los PPM su legítima reivindicación sobre la anulación de la ley antiterrorista y las garantías jrídicas que debieran desprenderse.
 
4.- Si bien es cierto que el movimiento huelguista logró concitar el apoyo de organizaciones sociales nacionales e internacionales y alcanzar la cúspide de la ONU, y además movilizar al conjunto del gobierno durante estos últimos días, no deja de ser menos cierto que el texto de acuerdo firmado por la Iglesia, los voceros y el gobierno, no está en aplicación sino en su fase de trámite frente al parlamento cuyo plazo previsto no ha aún expirado.
 
5.-  Mientras haya un comunero mapuche en huelga de hambre, consideraremos que ésta continúa, y por ende nuestro piquete seguirá solidarizando con los huelguistas y llamando a la movilización internacional permanente. La CECT Francia, inserta y a la cabeza de la iniciativa del piquete de París después de 18 días consecutivos y asociada al colectivo de apoyo al pueblo mapuche, llama a la vigilancia extrema frente a los acontecimientos que evolucionarán día a día, y solidarizamos con los huelguistas de Angol y su comunicado público del 3 de octubre 2010  así como el menor Luis Marileo que continúa su huelga de hambre en la cárcel de Chol Chol.
 
 
París, 4 de octubre 2010
 
« El Piquete » 

 

 

 Bicentenario y causa mapuche
La herida de Chile

por  José Aylwin
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas.
El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.
Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral.
A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales.
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones, o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.
Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos. La actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando que ello terminaría por desmotivarla.
A pesar de ello, los presos mapuche prosiguieron la huelga, con la convicción de estar demandando lo justo. El inminente riesgo de muerte de los huelguistas y el temor a que ella opacase las celebraciones del bicentenario, como si estas no hubiesen sido bastante opacas, llevó al gobierno -luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar dos iniciativas legales; la primera para reforma la ley antiterrorista que se les aplica, y la otra para la reforma de la justicia militar que conoce algunas de las causas que se siguen en su contra. Posiblemente el mismo temor llevó a muchos en la oposición concertacionista a apoyar -tardíamente- las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley antiterrorista en los procesos que se siguieron en su contra bajo las administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.
Mesa de diálogo
Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos -al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles-, ellos abrieron las puertas a un debate en el parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuche a la cárcel, y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario.
En días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre con sus representantes y abogados, y la Iglesia Católica manifestó su disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo.
Lamentablemente, las esperanzas que los anuncios del ejecutivo pudieron haber generado en los mapuche en huelga de hambre se han visto frustradas en los últimos días. Ello en primer término por el anuncio realizado por el presidente Piñera en el marco de las celebraciones del bicentenario de conformar una mesa de dialogo con representantes mapuche en torno al Plan Araucanía, iniciativa incluida en su programa de gobierno a instancias de sectores empresariales, omitiendo toda referencia o inclusión a los urgentes problemas planteados por los huelguistas mapuche.
Plan Araucanía
Dicho plan se orienta a promover la superación de la pobreza que afecta a la región, y particularmente a los mapuche, a través de la inversión pública y privada, del fortalecimiento del desarrollo productivo, fomentando la inserción regional en los mercados nacionales y globales. Tal propuesta se basa en la premisa errónea de que los problemas que afectan al pueblo mapuche y su relación con el Estado están únicamente vinculados a su condición de pobreza y que estos se resuelven con la inyección de recursos económicos y el desarrollo productivo. No se aborda en ella otras dimensiones de los problemas de relacionamiento entre éste y otros pueblos indígenas con el Estado chileno, tales como la necesidad de restituir sus tierras, territorios y recursos de propiedad legal y/o ancestral que les han sido usurpadas, la de su exclusión de las instancias en las que se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, o el desconocimiento de su derecho a asumir el control de sus propios asuntos en materias políticas, económicas y culturales.
No se trata de cuestionar la necesidad de que el gobierno impulse el diálogo y la consulta con los pueblos los indígenas cuando proponga iniciativas como el Plan Araucanía u otras medidas administrativas o legislativas susceptible de afectarles. Por el contrario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, está obligado a ello. Sin embargo, tal como lo señala el mismo Convenio 169, uno de los requisitos de todo diálogo o consulta con los pueblos indígenas es que éste sea realizado de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias (art. 6.2).
Un análisis más profundo del diálogo propuesto por el presidente Piñera, en el contexto del bicentenario en torno al Plan Araucanía, nos lleva a concluir que éste no cumple con estos requisitos esenciales de toda consulta de conformidad con el Convenio 169. Ello por cuanto al no abordar la problemática de los presos mapuche en huelga de hambre, distrae la atención de su crítica realidad de salud y de la urgente necesidad de dar respuesta a sus exigencias de justicia, relegando el diálogo con ellos a un segundo plano, como en la práctica ha ocurrido.
La mesa de diálogo propuesta por el gobierno, además, no es apropiada a las circunstancias, ya que, como bien saben sus autoridades, ellas requieren de la atención urgente de la problemática que afecta a los presos mapuche, y de la solución de sus demandas de justicia, única forma de contribuir verdaderamente a promover el anhelado “reencuentro histórico” con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el año del bicentenario.
Las posibilidades de una solución a las demandas de los presos mapuche, y con ello a la huelga se han visto seriamente deterioradas además por la negativa del ejecutivo a aceptar los cambios introducidos en el Congreso por parlamentarios vinculados a la defensa de los derechos humanos a los proyectos de reforma legal que este propusiera. En efecto, la eliminación de los delitos en contra de la propiedad como delitos terroristas, la limitación introducida a la facultad de los particulares para interponer acciones por delitos terroristas, y las limitaciones en el plazo de las policías para poner a los detenidos por estos delitos a disposición de la justicia, fueron eliminadas en la tramitación del proyecto de ley antiterrorista en la Cámara a instancias del ejecutivo. Con ello se diluye la posibilidad de que los proyectos de reforma legal den respuesta a las demandas mapuche, y por lo mismo, permitan superar la huelga de hambre.
Lejos de abordarse esta herida de Chile en el marco del bicentenario ella se ve profundizada como consecuencia de la actitud del gobierno de Piñera. Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos dijera hace pocos años el fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago, mientras se siga identificando como un “Estado-nación” y no reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales, lamentablemente se mantendrá la herida que la huelga dejó al descubierto.
*Co Director Observatorio Ciudadano
© Le Monde Diplomatique, edición chilena
A la venta en quioscos, librerías
y en la librería de Le Monde Diplomatique
San Antonio 434, local 14, Santiago
Teléfono: 664 20 50
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.clAdquiéralo por internet en: www.editorialauncreemos.cl

 

 

Noticias EFE – Santiago de Chile, 14 septiembre 2010 (EFE)
Comisión VALECH – Chile
http://noticias.terra.com/noticias/nuevos_casos_de_victimas_dictadura_presentados_en_comisiones_rettig_y_/act2512248
www.que.es/…/201009150411-nuevos-casos-victimas-dictadura-presentados-efe.html
 Más de 300 casos de nuevos ejecutados y desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y más de 28 mil casos de torturados y prisioneros políticos fueron presentados antes las comisiones Rettig y Valech, afirmaron hoy fuentes de estas entidades.
 Ambas comisiones dedicadas a investigar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, tienen ahora un plazo hasta fines de febrero de 2011 para evaluar cada una de las nuevas presentaciones y resolver si califican o no a las nuevas víctimas.
 La Comisión Valech, que en 2004 certificó en Chile 27.255 casos de tortura cometidos durante la dictadura (1973-1990), comenzó a recibir a partir del pasado 17 de febrero nuevos testimonios de víctimas del régimen militar.
 Durante seis meses, la Comisión recibió nuevas denuncias no solo de víctimas de prisión política y tortura, sino también de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del periodo que comprende entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
 Ahora, esta instancia también recogió testimonios de nuevos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sucesos que se documentaron en 1991 a través del trabajo de la Comisión Rettig.
 En declaraciones a Efe algunos miembros de la comisión Retting que pidieron no revelar su identidad calificaron de "altísima" la nueva cifra de los eventuales ejecutados y desaparecidos.
 En el mismo sentido lo han hecho integrantes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, acerca de las más de 28 mil nuevas presentaciones.
En el caso de las nuevas denuncias en Rettig, éstas han sido interpuestas por familiares de las probables nuevas víctimas. En el caso de Valech, fueron los propios afectados quienes acudieron a reportar su caso.
 El total de denuncias presentadas durante 1990 a la primera comisión que redactó el llamado Informe Rettig, fue de 3.550 y posteriormente fueron interpuestas otras 1.200 denuncias ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
 Sin embargo, el mencionado informe consolidado de 1996 sólo calificó 3.197 casos, entre desaparecidos y ejecutados.
 En tanto, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech) en 2004 calificó 27.255 casos, entre prisioneros políticos y torturados, y otros 102 casos de menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres.
 La calificación final para los más de 300 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados y sobre 28 mil prisioneros torturados presentados, se espera para fines de febrero de 2011.
 La comisión de calificación está integrada entre otros por la delegada presidencial de Derechos Humanos de Chile, María Luisa Sepúlveda y Sergio Valech, obispo emérito que la dirigió.
____________________________________________

Comisión Ética Contra la Tortura – CECT
Huelén 164, 1er piso.
Providencia
Santiago, Chile

www.contralatortura.cl

 

 

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