Como en los peores tiempos de la dictadura: Luz verde para abusos de la policía

Como en los peores tiempos de la dictadura: Luz verde para abusos de la policía

Nacional — 4 de julio, 2010

Garantías fundamentales de los ciudadanos son la inviolabilidad de su domicilio y el derecho a ocupar los espacios públicos con tranquilidad, por lo que la normativa legal vigente dispone que sean los fiscales quienes ordenen a las policías, a través de una orden previa, iniciar acciones para investigar, allanar y detener, cuando hay presunciones fundadas de la existencia de delitos.

Según el senador derechista Alberto Espina, esto choca con la realidad ya que en muchas oportunidades la orden que emiten los fiscales tarda mucho en llegar, lo que a su juicio entorpece la investigación de los delitos.

Ante este cuadro, el senador pretende, mediante una iniciativa en el parlamento, derogar totalmente las facultades de los fiscales y entregar la más amplia autorización a Carabineros y la PDI para que éstos procedan a allanar e interrogar a la población sin necesidad de una orden previa del fiscal. La iniciativa parlamentaria es patrocinada por el senador Espina conjuntamente con su colega DC Patricio Walker, quien ha señalado que su decisión es fruto de un análisis crítico.

Ante esta grave situación, el lonko Víctor Quipul criticó la medida ya que, según señaló, a los mapuches se les violenta constantemente, con o sin autorización: “Imagínese usted. Cada noche y cada día la policía entraría a la comunidad argumentando que buscan armas y otras cosas, de esta forma los escasos derechos que tenemos serían constantemente violados si no hay nadie que medie, como el fiscal, en el asunto”.

El dirigente mapuche señaló que esta disposición serviría a la propia policía para hacer montajes para encontrar rápidamente a un culpable, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

A su vez el abogado Jaime Madariaga, quien lleva distintas causas de derechos humanos, manifestó: “A estos senadores les gustaba la detención por largo tiempo, la detención por sospecha y la incomunicación, como en tiempos de la dictadura, pero todo eso facilita las violaciones a los derechos humanos. Esta medida apunta más bien a la impunidad. Además, los senadores demuestran el desconocimiento en estas materias, porque en una acción urgente Carabineros puede actuar en caso de delito flagrante, sin tener autorización de nadie y, cuando no es así, basta una llamada telefónica del fiscal, para que operen las policías”.

Propuesta fascista

Por su parte, la dirigenta de la CUT y encargada del Departamento de Derechos Humanos de la multisindical, María Eugenia Puelma, manifestó su rechazo a la iniciativa, que violenta a los trabajadores: “Esto es una grave amenaza a todo lo que hemos construido. Esta propuesta fascista, atropella los derechos de las personas. Me pregunto, por qué mejor no proponen leyes que promuevan la participación ciudadana en torno a la construcción de sus comunidades. Lo que se busca, entonces, es criminalizar a la ciudadanía, a cualquier persona, ya que con esta medida Carabineros podrá, si gusta, allanar sin el permiso correspondiente y con esto existe el temor de los montajes, de los que estábamos acostumbrados a conocer en la dictadura”.

Puelma agregó que lo que se ambiciona con esta diligencia parlamentaria es tener carta blanca para perseguir a las personas y a quienes luchan por los derechos humanos. Además, la dirigenta enfatizó que esta suerte de matrimonio que se da entre Renovación Nacional y parte de la Democracia Cristiana es la comprobación del chantaje y la agresión que se quiere propinar a la democracia.

María Eugenia Puelma recordó las palabras de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien señaló, tras entrevistarse con Piñera la semana pasada, que este gobierno era representativo de la dictadura y sus integrantes tienen los mismos intereses, sobre todo en materias de derechos humanos.

Una nueva violación a los derechos humanos

El Siglo consultó sobre el tema a la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, quien dijo que tal medida es altamente violenta para la población y para el resguardo de la ciudadanía: “De aplicarse, se estaría violando el Estado de Derecho”.

García señaló que estamos entrando en una escalada de violencia, al igual que en dictadura, en donde se intenta ajustar el Estado a los intereses supremos de la derecha, que no sólo pasan por mantener el modelo económico neoliberal, sino también por profundas restricciones a las libertades y a los derechos de las personas: “Esta es la forma de mantener al pueblo oprimido. El gobierno está intentando adecuar el aparato del Estado a un control absoluto de la ciudadanía. De esta manera, limita las posibilidades de opinar, de estar en contra de una medida, de protestar”.

Respecto a la unión entre RN y un parlamentario de la Democracia Cristiana como Patricio Walker, quienes juntos abogarán por entregar máximos poderes a las policías, García expresó: “La verdad, no me llama la atención lo que hacen algunos sectores de la DC y menos las iniciativas del clan Walker, ya que ellos son muy cercanos a este gobierno y muy cercanos en lo personal a Piñera. Yo creo que un sector de la DC terminará aliado al gobierno de la derecha, lo llevan en su esencia”.

http://www.elsiglo.cl/Como en los peores tiempos de la dictadura: Luz verde para abusos de la policía

Nacional — 4 de julio, 2010

Garantías fundamentales de los ciudadanos son la inviolabilidad de su domicilio y el derecho a ocupar los espacios públicos con tranquilidad, por lo que la normativa legal vigente dispone que sean los fiscales quienes ordenen a las policías, a través de una orden previa, iniciar acciones para investigar, allanar y detener, cuando hay presunciones fundadas de la existencia de delitos.

Según el senador derechista Alberto Espina, esto choca con la realidad ya que en muchas oportunidades la orden que emiten los fiscales tarda mucho en llegar, lo que a su juicio entorpece la investigación de los delitos.

Ante este cuadro, el senador pretende, mediante una iniciativa en el parlamento, derogar totalmente las facultades de los fiscales y entregar la más amplia autorización a Carabineros y la PDI para que éstos procedan a allanar e interrogar a la población sin necesidad de una orden previa del fiscal. La iniciativa parlamentaria es patrocinada por el senador Espina conjuntamente con su colega DC Patricio Walker, quien ha señalado que su decisión es fruto de un análisis crítico.

Ante esta grave situación, el lonko Víctor Quipul criticó la medida ya que, según señaló, a los mapuches se les violenta constantemente, con o sin autorización: “Imagínese usted. Cada noche y cada día la policía entraría a la comunidad argumentando que buscan armas y otras cosas, de esta forma los escasos derechos que tenemos serían constantemente violados si no hay nadie que medie, como el fiscal, en el asunto”.

El dirigente mapuche señaló que esta disposición serviría a la propia policía para hacer montajes para encontrar rápidamente a un culpable, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

A su vez el abogado Jaime Madariaga, quien lleva distintas causas de derechos humanos, manifestó: “A estos senadores les gustaba la detención por largo tiempo, la detención por sospecha y la incomunicación, como en tiempos de la dictadura, pero todo eso facilita las violaciones a los derechos humanos. Esta medida apunta más bien a la impunidad. Además, los senadores demuestran el desconocimiento en estas materias, porque en una acción urgente Carabineros puede actuar en caso de delito flagrante, sin tener autorización de nadie y, cuando no es así, basta una llamada telefónica del fiscal, para que operen las policías”.

Propuesta fascista

Por su parte, la dirigenta de la CUT y encargada del Departamento de Derechos Humanos de la multisindical, María Eugenia Puelma, manifestó su rechazo a la iniciativa, que violenta a los trabajadores: “Esto es una grave amenaza a todo lo que hemos construido. Esta propuesta fascista, atropella los derechos de las personas. Me pregunto, por qué mejor no proponen leyes que promuevan la participación ciudadana en torno a la construcción de sus comunidades. Lo que se busca, entonces, es criminalizar a la ciudadanía, a cualquier persona, ya que con esta medida Carabineros podrá, si gusta, allanar sin el permiso correspondiente y con esto existe el temor de los montajes, de los que estábamos acostumbrados a conocer en la dictadura”.

Puelma agregó que lo que se ambiciona con esta diligencia parlamentaria es tener carta blanca para perseguir a las personas y a quienes luchan por los derechos humanos. Además, la dirigenta enfatizó que esta suerte de matrimonio que se da entre Renovación Nacional y parte de la Democracia Cristiana es la comprobación del chantaje y la agresión que se quiere propinar a la democracia.

María Eugenia Puelma recordó las palabras de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien señaló, tras entrevistarse con Piñera la semana pasada, que este gobierno era representativo de la dictadura y sus integrantes tienen los mismos intereses, sobre todo en materias de derechos humanos.

Una nueva violación a los derechos humanos

El Siglo consultó sobre el tema a la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, quien dijo que tal medida es altamente violenta para la población y para el resguardo de la ciudadanía: “De aplicarse, se estaría violando el Estado de Derecho”.

García señaló que estamos entrando en una escalada de violencia, al igual que en dictadura, en donde se intenta ajustar el Estado a los intereses supremos de la derecha, que no sólo pasan por mantener el modelo económico neoliberal, sino también por profundas restricciones a las libertades y a los derechos de las personas: “Esta es la forma de mantener al pueblo oprimido. El gobierno está intentando adecuar el aparato del Estado a un control absoluto de la ciudadanía. De esta manera, limita las posibilidades de opinar, de estar en contra de una medida, de protestar”.

Respecto a la unión entre RN y un parlamentario de la Democracia Cristiana como Patricio Walker, quienes juntos abogarán por entregar máximos poderes a las policías, García expresó: “La verdad, no me llama la atención lo que hacen algunos sectores de la DC y menos las iniciativas del clan Walker, ya que ellos son muy cercanos a este gobierno y muy cercanos en lo personal a Piñera. Yo creo que un sector de la DC terminará aliado al gobierno de la derecha, lo llevan en su esencia”.

 

 

Comme dans les pires temps de la dictature : la Lumière verte pour des abus la police

 

 

Des garanties fondamentales des citoyens sont l’inviolabilité de son domicile et du droit d’occuper les espaces publics tranquillement, par ce que la réglementation légale en vigueur dispose qu’ils sont les procureurs qui ordonnent aux policiers, à travers d’un ordre préalable, d’initier des actions pour faire des recherches, pour aplanir et pour arrêter, quand il y a des présomptions fondées de l’existence de délits.

 Selon le sénateur droitier Alberto Espina, cela heurte avec la réalité puisque dans beaucoup d’opportunités l’ordre que les procureurs émettent tarde à arriver beaucoup ce qui à son jugement engourdit la recherche des délits.

 

Devant ce carré, le sénateur essaie, au moyen d’une initiative dans le parlement, d’abroger totalement les facultés des procureurs et de livrer la plus ample autorisation aux Carabiniers et la PDI pour que ceux-ci procèdent à aplanir et à interroger à la population sans nécessité d’un ordre préalable du procureur. L’initiative parlementaire est sponsorisée par le sénateur Espina ensemble avec son collègue DC Patricio Walker, qui a remarqué que sa décision est fruit d’une analyse critique

Devant ce carré, le sénateur essaie, au moyen d’une initiative dans il parlement, d’abroger totalement ils facultés procureurs et désert de livrer le supplément ample autorisation aux Carabiniers et la PDI pour que ceux-ci procèdent à aplanir et à interroger au population sans nécessité d’un ordre préalable du procureur. L’initiative parlementaire est sponsorisée une paire il sénateur l’Épine ensemble avec sont collègue DC Patricio Walker, qui à j’ai remarqué que décision est fruit d’une analyse sacré critique.

 

 A son tour l’avocat Jaime Madariaga, qui porte des causes distinctes de droits de l’homme, a manifesté : "l’arrêt plaisait À ces sénateurs par le long temps, l’arrêt par soupçon et le manque de communication, comme dans les temps de la dictature, mais tout cela facilite les violations aux droits de l’homme. Cette mesure met en joue plustôt à l’impunité. De plus, les sénateurs démontrent l’ignorance dans ces matières, parce que dans une action urgente les Carabiniers il peut agir en cas d’un flagrant délit, sans avoir d’autorisation de personne et, quand il n’est pas tel, un appel téléphonique du procureur suffit, pour que les policiers agissent.

 

 

Une proposition fasciste

 

 Quant à lui le dirigenta de la CUT et préposée du Département de Droits de l’homme de la multisyndicale, de Marie Eugenia Puelma, il a déclaré son rejet de l’initiative que violente aux travailleurs : "c’est une grave menace à tout celui que nous avons construit. Cette proposition fasciste, il renverse les droits des personnes. Je me demande, par meilleur quoi proposer des lois que promouvoir la participation citadine autour de la construction de ses communautés. Ce qui est cherché, alors, est criminalizar à la citoyenneté, à n’importe quelle personne, puisque avec cette mesure Carabineros pourra, s’il plaît, aplanir sans la permission correspondante et avec cela, il existe la crainte des montages, dont nous étions habitués à connaître dans la dictature".

 

Puelma a ajouté que ce qui est ambitionné par cette diligence parlementaire c’est d’avoir une lettre blanche pour poursuivre les personnes et à ceux qui luttent pour les droits de l’homme. De plus, le dirigenta a souligné que ce sort de mariage qui se rend entre le Renouvellement National et dépêche de la Démocratie Chrétienne est la vérification du chantage et de l’agression qui veut être donnée à boire à la démocratie.

 Marie Eugenia Puelma a rappelé les mots de la présidente du Groupe de Parents de Détenus Disparus, la Lorraine Pizarro, qui a marqué, après avoir eu une entrevue avec Piñera la semaine passée, que ce gouvernement était représentatif de la dictature et ses intégrants ont les mêmes intérêts, surtout dans des matières de droits de l’homme.

 

Une nouvelle violation aux droits de l’homme

 

 El Sigle (journal) a consulté au sujet du sujet à la vice-présidente du Groupe de Parents de Détenus Disparus, de Mireya García, qui a dit que telle mesure est hautement violente pour la population et pour la défense de la citoyenneté : ", de s’appliquer, l’État de Droit serait violé".

 

García a remarqué que nous entrons dans l’une escaladée de violence, aussi comme dans une dictature, où on essaie d’ajuster l’État aux intérêts suprêmes de la droite qui non passent seulement pour le modèle économique maintient neoliberal, mais aussi par des restrictions profondes à la liberté et aux droits des personnes : "c’est la forme de maintenir au peuple oppressé. Le gouvernement essaie d’approprier l’appareil de l’État à un contrôle absolu de la citoyenneté. De cette façon, il limite les possibilités de penser, d’être contre une mesure, de protester

 

Par rapport à l’union entre RN et un parlementaire de la Démocratie Cristiana comme Patricio Walker, ceux qui joints plaideront pour livrer des pouvoirs maximaux aux policiers, García a exprimé : "La vérité, ne m’attire pas attention, celui ce que quelques secteurs de la DC font et moins les initiatives du clan Walker, puisqu’ils sont très proches de ce gouvernement et très proches dans le personnel de Piñera. Je crois qu’un allié terminera un secteur de la DC au gouvernement de la droite, ils le portent dans son essence.

traduction : Isabelle Aburto

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