COMPROMISO PRESIDENCIAL CON LOS DERECHOS HUMANOS

  

 

 

 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Avda. Ricardo Cumming 1161. Santiago.

Fono-fax: 6960678. E-mail:afdd@tie.cl

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COMPROMISO PRESIDENCIAL CON LOS DERECHOS HUMANOS

 

Las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar son un tema que aún transversaliza a la sociedad chilena. Nuestro país conoció de políticas de Terrorismo de Estado, traducidas en exilio, tortura, allanamientos masivos de poblaciones, ejecuciones, exoneraciones, relegaciones, prisión política y una de la más brutal de esas violaciones, la detención con desaparición forzada, que afectó a nuestros familiares, crimen en el cual se sintetizan todas las violaciones a los derechos de una persona.

 

Durante los 17 años de la dictadura en que primaba la cultura de la muerte, los familiares nos organizamos y denunciamos en Chile y en el mundo las violaciones a los derechos humanos que se cometían. Se nos dijo que los nuestros no existían, se les calificó de “presuntos desaparecidos”, pero la fuerza de la verdad se fue imponiendo irrefutablemente.

 

Gracias a la lucha del pueblo, en 1990 logramos iniciar un proceso que aún no concluye en un sistema de democracia plena. Las demandas por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación se han mantenido vigentes.

 

Ad portas de un nuevo proceso electoral, donde compiten cuatro candidatos, queremos demandar de ellos un COMPROMISO consistente con los DERECHOS HUMANOS, los  que se violaron en dictadura; los no resueltos y los que se han vulnerado en la actualidad. Es así como les emplazamos a incorporar en sus respectivos Programas de Gobierno medidas y políticas conducentes al respeto irrestricto de los derechos de las personas.

 

Por tanto queremos que se comprometa a:

 

1.- Anular los efectos del Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978

 

2.- Apoyar el Proyecto de Ley que interpreta los artículos 93 y 103 del Código de Procedimiento Penal en materia de prescripción y media prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por el Derecho Internacional Humanitario.

 

3.- Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad.

 

4.- Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

5.- Que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas.

 

6.- Que en materia civil el Ejecutivo adopte las indicaciones de Naciones Unidas en relación con las indemnizaciones, donde señala: “ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”, poniendo fin al accionar del Consejo de Defensa del Estado contrario al derecho que asiste a las víctimas y sus familiares a ser reparados.

 

7.- Asegurar el financiamiento y continuidad de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos radicadas en el antiguo sistema procesal, aumentando el número de jueces, sus funcionarios e infraestructura y asegurando la participación de los órganos auxiliares de la justicia.

 

8.- Terminar con la Ley del Secreto que impide el conocimiento de las identidades de agentes del Estado que actuaron como torturadores, como se desprende del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que contempla cincuenta años de reserva de sus nombres.

 

9.- Adoptar las medidas necesarias que permitan adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de tal manera que cuando el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio.

 

10.- Mantener la voluntad política y proveer los recursos necesarios para continuar con la acreditación del Servicio Médico Legal.

 

11.- Reforzar las políticas de recuperación de la Memoria Histórica, en sus diversas formas y ámbitos, creando un fondo que permita mantener lo existente así como la implementación de nuevas iniciativas tendientes a su desarrollo.

 

12.- Integrar en todos los niveles de la educación formal la asignatura de Derechos Humanos.

 

13.- Comprometer recursos para que el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) tenga un estatus que le permita cumplir eficazmente con las demandas de los usuarios, familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos, que en la práctica no ha sido implementado en forma eficiente, tanto en el área de Salud Mental como de Salud Física.

 

Sin lugar a dudas, cualquier iniciativa teniente a solucionar las violaciones a los derechos humanos del pasado, se verán frustradas si no son resueltos los escollos del presente que impiden que el respeto a la persona humana y su dignidad sean los que en definitiva nos rijan, para ello imprescindible asumir un contundente compromiso de su parte, expresado en:

 

a.- Impulsar un efectivo cambio de la Constitución Política, acorde a la realidad actual, instalando un debate serio acerca de la necesidad de una nueva Carta Fundamental que termine con la heredada de la dictadura.

 

b.- Finalizar con la criminalización de las demandas indígenas, desmilitarizando las zonas ocupadas y empezar el proceso de restitución de tierras ancestrales tal y como señaló a Chile el Relator Especial de Naciones Unidas para este caso.

 

c.- Suspender la tramitación legislativa del Proyecto de Ley de Criminalización de la Movilización Social y eventualmente si esta continuare, enviar un veto supresivo de todas aquellas disposiciones que atenten contra los derechos y las libertades públicas.

 

d.- Terminar con la Ley Antiterrorista 18.314 dictada por Pinochet, en que la amplitud del término permite se aplicada a cualquiera por el solo hecho de ejercer acciones de protesta y movilización.

 

Finalmente le invitamos ha asumir un firme compromiso por parte del Estado de Chile del cual usted será el representante, a respetar los derechos consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en todos aquellos que el devenir del tiempo ha institucionalizado en las sociedades democráticas.

 

Instamos a que en su Gobierno, sea usted el primer ciudadano dispuesto a sustentar este Compromiso, así como también los que devengan de las obligaciones contraídas por Chile en el ámbito internacional, tal como dar respuesta adecuada a las recomendaciones surgidas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que obliga a:

 

          Ratificar los Tratados Internacionales pendientes

          Abordar una Institucionalidad en Derechos Humanos

          Terminar con la jurisdicción militar en el juzgamiento a civiles

          Garantizar la administración de justicia en general

          Terminar con los abusos policiales y el uso desproporcionado de la fuerza

          Terminar con la condición de vulnerabilidad de amplios sectores de la población (mujeres, niños, minorías sexuales, privados de libertad e inmigrantes)

 

Concretar para tales efectos el compromiso asumido por Chile de crear un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que se hicieron, integrando a organizaciones de la sociedad civil y los tres poderes del Estado.

 

Igualmente deben considerarse en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas la incorporación de las Agrupaciones de Familiares y de los organismos de Derechos Humanos.

 

 

 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

 

Santiago, 28 de octubre de 2009

 

Groupe de Familiers de Détenus Disparus

Avda. Ricardo Cumming 1161. Santiago.

Fono-fax: 6960678. E-mail:afdd@tie.cl

 

ENGAGEMENT PRÉSIDENTIEL AVEC LES DROITS HUMAINS

Les violations aux droits de l’homme commises sous la dictature militaire sont un sujet que toujours transversaliza à la société chilienne. Notre pays a connu de politiques du Terrorisme d’État, traduites dans un exil, une torture, des acceptations massives de populations, d’exécutions, d’exonérations, de relégations, de prison politique et l’une de la plus brutale de ces violations, de l’arrêt avec la disparition forcée, qui a affecté nos familiers, la crime dans laquelle toutes les violations sont synthétisées aux droits d’une personne.

 

Pendant 17 ans de la dictature dans laquelle il pimait la culture de la mort, les familiers nous nous organisons et dénonçons au Chili et dans le monde les violations aux droits de l’homme qui étaient commis. On nous a dit que les nôtres n’existaient pas, il leur s’est qualifié de "présumés disparus", mais la force de la vérité s’est irréfutablement imposée

 

Grâce à la lutte du peuple en 1990 nous réussissons à initier un processus que toujours il  ne finit pas dans un système de pleine démocratie. Les demandes par la Vérité, la Justice, la Mémoire et la Réparation se sont maintenues en vigueur.

 

Ad tu portes d’un nouveau processus électoral, où quatre candidats concourent, nous voulons demander de ceux-ci un ENGAGEMENT consistant avec les DROITS HUMAINS, ceux qui ont été violés dans une dictature; non résolus et ceux qui ont été actuellement blessés. Il est ainsi que nous les assignons à incorporer dans ses Programmes respectifs de Gouvernement mesurées et politiques conduisantes au respect irrestricto des droits des personnes.

 

C’est pourquoi nous voulons qu’il se compromette à :

 

1.-Annuler les effets du Décret-loi 2.191 d’Amnistie de 1978

2.-Appuyer le Projet de Loi qui interprète les articles 93 et 103 du Code de Procédé Pénal en matière d’une prescription et demie une prescription de l’action pénale dans le cas de délits spécialement sanctionnés par le Droit international Humanitaire.

 

3.-Envoyer un Projet de Loi que tipifique la Disparition Forcée de Personnes comme Crime Contre l’Humanité.

 

.-Ratifier les Conventions sur une Disparition Forcée de Personnes de l’Organisation d’États Américains (OEA) et de l’Organisation de Nations Unies (ONU).

 

5.-Que l’État du Chili ratifie la Convention sur l’Imprescriptibilidad des Crimes de Guerre et de Lesa Humanidad, approuvée le 1968 dans les Nations Unies.

 

6.-Que dans unit matière civile l’Exécutif adoptez ils indications de Nations Unies dans relation avec ils indemnisations, où il marquez : "doivent être accordés, d’une me suis rangé appropriée et proportionnelle à je l’ai gravitée du violation et aux circonstances de chaque cas, une paire tous ils préjudices économiquement evaluables qui sont unit conséquence de violations manifestes normes internationales désert de droits de l’homme ou grève violations du droit international humanitaire", dans mettant unit une fin après avoir j’ai gesticulé du Conseil de la Défense de l’État ai contrarié au droit qu’il assiste aux victimes et ses familiers à être réparés.

 

7.-Assurer le financement et la continuité des recherches judiciaires par des violations aux droits de l’homme résidées au système ancien procédural, en augmentant le nombre de juges, ses fonctionnaires et infrastructure et en assurant la participation des organes auxiliaires de la justice.

 

8.-Terminer avec la Loi du Secret qu’empêche la connaissance des identités d’agents de l’État qui ont agi comme tortionnaires, comme il se détache du Rapport de la Commission Nationale sur une Prison Politique et Torture qu’il contemple cinquante ans de réserve de ses noms.

 

9.-Adopter les mesures nécessaires qui permettent d’approprier l’ordonnance juridique interne aux standards internationaux sur une juridiction pénale militaire, tellement que quand l’État considérera nécessaire l’existence d’une juridiction pénale militaire, celle-ci doit seulement se limiter à la connaissance de délits de fonction commis par des militaires dans un service.

 

10.-Nourrir le volonté politique et pourvoir ils recours  nécessaires pour continuer avec l’accréditation du Service Médical Légal.

 

11.-Renforcer ils politiques de récupération du Mémoire Historique, dans ses diverses formes et domaines désert, dans créant un fond qui permet de nourrir l’existant ainsi qui l’implémentation de nouvelles initiatives tendantes à sont développement.

 

12.-Intégrer dans tous les niveaux de l’éducation formelle la matière de Droits de l’homme.

 

13.-Compromettre des recours pour que le Programme de Réparation et d’Attention Intégrale dans la Santé et les Droits de l’homme (PRAIS) ait un statut social qui lui permet de s’acquitter efficacement des demandes des usagers, de familiers et les victimes de violations aux droits de l’homme qu’en pratique il n’a pas été été mis en application dans une forme efficiente tant dans le domaine de la Santé mentale comme une Santé Physique.

 

Sans le lieu pour des doutes, n’importe quel initiale le possesseur(lieutenant) à résoudre les violations aux droits de l’homme du passé, elles se trouveront frustrées s’ils ne sont pas résolus, les écueils du présent qui empêchent que le respect pour la personne humaine et sa dignité ce sont ceux qui en définitive nous régissent, pour cela indispensable assumer un engagement accablant de sa part, exprimé dans :

 

a. – Pousser un effectif je change de la Constitution Politique, conforme à l’actuelle réalité, en installant un débat sérieux à propos de la nécessité d’une nouvelle Lettre Fondamentale qui finit avec héritée de la dictature.

 

b. – Prendre fin avec le criminalización des demandes indigènes, en démilitarisant les zones occupées et commencer le processus de restitution de terres ancestrales comme a marqué le Chili le Narrateur Spécial de Nations Unies pour ce cas.

 

c. – Suspendre le cours d’une affaire législatif du Projet de Loi de Criminalización de la Mobilisation Sociale et éventuellement si cela continuera, envoyer un veto supresivo comme toutes ces dispositions qui attentent aux droits et la liberté publique.

 

d. – Finir avec la Loi Antiterroriste 18.314 dictée par Pinochet, dans lequel l’amplitude de la limite permet appliquée à n’importe lequel par le seul fait d’exercer des actions de protestation et de mobilisation.

 

Nous l’invitons finalement il y a assumer un engagement ferme de la part de l’État du Chili duquel vous serez le représentant, à respecter les droits consacrés tant dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, comme dans tous ceux que le fait de devenir le temps a institutionnalisés dans les sociétés démocratiques.

 

Nous insistons qui dans son Gouvernement, est vous le premier citadin disposé à soutenir cet Engagement, ainsi que aussi ceux qu’ils gagnent des obligations contractées par le Chili dans le domaine international, comme donner la réponse appropriée aux recommandations surgies du Conseil des Droits de l’homme de Nations Unies (ONU) qu’il(elle) oblige à :

 

          Ratifier les Traités Internationaux pendants

           – Aborder une Institucionalidad dans les Droits de l’homme

           – Finir avec la juridiction militaire dans le juzgamiento à civils *

          – Garantir l’administration de justice en général

           – Finir avec les abus policiers et l’usage disproportionné de la force

           – Finir à condition de la vulnérabilité d’amples secteurs de la population (des femmes, des enfants, des minorités sexuelles, privés d’une liberté et des immigrants.

 

Concrétiser pour tels effets l’engagement assumé par le Chili de créer un mécanisme de suivi aux recommandations qui ont été faites, en intégrant aux organisations de la société civile et les trois pouvoirs de l’État.

 

On doit également considérer dans la prise de décisions et dans le dessin(conception) de politiques publiques l’incorporation des Groupes de Familiers et des organismes de Droits de l’homme.

 

GROUPE DE FAMILIERS DE DÉTENUS DISPARUS

Santiago, le 28 octobre 2009

 

 

 

 traduction: Isabelle ABURTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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