La tortura hoy en el discurso y la práctica del gobierno

La tortura hoy en el discurso y la práctica del gobierno
-denuncias de Informe 2009 de la Comisión Etica Contra la Tortura

 

por Lucía Sepúlveda Ruiz


Con satisfacción fue recibida por miembros de la Comisión Etica Contra la Tortura la noticia de que el gobierno de la Presidenta Bachelet  está concluyendo la tipificación del Delito de Tortura en los términos que le fue solicitado en el examen periódico (EPU) rendido por el gobierno chileno ante Naciones Unidas recientemente.

 

 La información fue entregada por María Luisa Sepúlveda, delegada presidencial de Derechos Humanos en una reunión sostenida el viernes 3 de julio con miembros de  la Comisión Etica Contra la Tortura, que preside Juana Aguilera. Precisamente la delegada acusó recibo oficial del informe anual de la entidad de derechos humanos anual sobre tortura y delitos de lesa humanidad perpetrados en Chile hoy, en democracia y también de casos de impunidad, prisión política y discriminación por aplicación de la justicia militar a procesados civiles. Este informe ha sido dado a conocer asimismo a instancias internacionales de derechos humanos que observan la situación de Chile, en especial el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.
El documento había sido dado a conocer por esta organización en el Día Internacional Contra la Tortura, el 29 de junio.

 

 

 El gobierno anunció este año la conmemoración oficial de este día, hecho valorado por la Comisión Etica Contra la Tortura, que desde su nacimiento en 2001 se esforzó por insertar el tema de la tortura en la agenda política y de derechos humanos. Por décadas la Concertación y los poderes del Estado ignoraron ese delito de lesa humanidad, que está íntimamente ligado a la prisión política y ha sido parte histórica de las demandas  de justicia y reparación formuladas por las organizaciones de ex presos políticos.


Reapertura de Comisión Valech
Al respecto informó la delegada que en los próximos días se dará a conocer la reapertura de la Comisión Nacional sobre Detención Política y Tortura (la llamada “Comisión Valech”) que  calificará casos de víctimas de prisión política y tortura no considerados anteriormente. La composición de la Comisión será diferente –expresó la funcionaria-  pero mantendrá en su interior las mismas sensibilidades políticas que la caracterizaron originalmente. Los remplazantes de Monseñor Sergio Valech, Miguel Luis Amunátegui y Lucas Sierra, quienes por diversas razones no podrán reasumir esas funciones, fueron nominados por ellos, según Sepúlveda.

 

 La Comisión Valech estuvo integrada  además por la propia María Luisa Sepúlveda, junto a Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, y Álvaro Varela. La Comisión Etica reiteró su exigencia respecto de que se considere la situación de los ex menores y de las víctimas que sufrieron cárcel o tortura en recintos no considerados oficialmente como centros de detención, o en el exterior, a resultas de la Operación Cóndor.

 

 


Juana Aguilera fue invitada en la oportunidad a la ceremonia en que la Presidenta Bachelet, ratificó el 6 de julio de 2009, el Estatuto de Roma, por el cual Chile se adhiere a la Corte Penal Internacional (CPI) permitiendo que los delitos de lesa humanidad que se produzcan aquí puedan ser conocidos en última instancia por ese tribunal internacional.  Chile era el último Estado sudamericano que quedaba por unirse al tribunal internacional con sede en La Haya, encargado de juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad. La Comisión Etica ha venido representando ese tipo de delitos, particularmente el de tortura, en todos los informes entregados en los últimos años el día 29 de junio –Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura-  a la Presidenta Bachelet, y con anterioridad, al ex Presidente Ricardo Lagos.

 


Muertes por tortura
El informe 2009 de la Comisión Etica documenta casos que preocupan fundamentalmente a la entidad: la desaparición forzosa y posible muerte en tortura de un menor mapuche, José Huenante Huenante en 2005,  y los casos de un total de 59 luchadores sociales mapuche y activistas de su causa que están en prisión política o en libertad condicional cumpliendo sentencia o medidas cautelares. Detalla asimismo casos de tortura  y montajes político-judiciales que afectan a luchadores sociales mapuche y no mapuche –como la documentalista Elena Varela- y denuncia la aplicación de la ley antiterrorista a un total de 28 de los detenidos, tanto en el gobierno de Lagos como durante el gobierno de Bachelet. Deplora la impunidad ante los casos de la muerte por tortura de Johnny Cariqueo y el homicidio de Matías Catrileo.
 
En la oportunidad se pidió también atención al caso de la luchadora social mapuche Mireya Figueroa (47 años) de la comunidad Tricauco, detenida el 4 de junio de 2009,  acusada de participar en el incendio del Fundo Poluco Pidenco de Forestal Minico en 2001. Ella es madre de cuatro hijos y padece de un avanzado cáncer. La Comisión hizo un llamado a la Presidenta Bachelet a desistir de aplicar la legislación antiterrorista en este caso. La detenida es acusada de participar en el incendio del Fundo Poluco Pidenco de Mininco en diciembre del 2001, hecho por el cual permanece en prisión, entre otros, Patricia Troncoso, juzgada por ley antiterrorista y condenada por declaraciones de testigos sin rostro.


También se reiteraron –entre otras preocupaciones-  las demandas del levantamiento de las disposiciones de secreto respecto de los nombres de los torturadores registrados por la Comisión Valech respecto de lo cual no hubo respuestas positivas. Sobre el otorgamiento de una reparación real a las víctimas de tortura, se informó que ello será posterior a los resultados de la nueva Comisión calificadora y debe ser materia de ley.


Asimismo se hizo ver a la representante de la Presidenta Michele Bachelet  la urgente necesidad de poner fin a las penas de extrañamiento que condenan a decenas de chilenos a morir en el extranjero por haber sido luchadores antidictatoriales no considerados como tales al inicio de la transición o por haber protagonizado situaciones posteriores vinculadas a esa lucha política. La Comisión Etica Contra la Tortura se adhiere así a la movilización del colectivo denominado “Vuelvo” que ha retomado estos planteamientos ya impulsados anteriormente por esta entidad.
 



Lucía Sepúlveda Ruiz

http://periodismosanador.blogspot.com/

 

La torture aujourd’hui dans le discours et la pratique du gouvernement – des dénonciations 2009 Informe de la Commission Éthique Contre la Torture 

 

par Lucía Sepúlveda Ruiz 

traduccion :  Isabelle Aburto

 

Avec satisfaction a été reçue par des membres de la Commission Éthique Contre la Torture la nouvelle dont le gouvernement de la Présidente Bachelet finit le tipificación du Délit de Torture dans les limites qu’il lui a été demandé dans l’examen périodique (EPU) vaincu par le gouvernement chilien devant les Nations Unies récemment.

 

L’information a été livrée par Marie Luisa Sepúlveda, une déléguée présidentielle de Droits de l’homme à une réunion soutenue le vendredi 3 juillet 2009 avec membres de la Commission Éthique Contre la Torture que Juana Aguilera préside. Précisément la déléguée a accusé réception un employé du rapport annuel de l’entité annuelle de droits de l’homme sur une torture et des délits de l ‘ humanité perpétrés au Chili aujourd’hui, dans une démocratie et aussi des cas d’impunité, de prison politique et de la discrimination d’application de la justice militaire aux inculpés civils.

 

Ce rapport a été dé à connaître de la même manière aux instances internationales de droits de l’homme qu’ils observent la situation du Chili, spécialement le Comité Contre le Torture de Nations Uni. Le document avait été donnée à connaître par cette organisation dans le Jour International Contre la Torture, le 29 juin.

 

 

Le gouvernement a annoncé cette année la commémoration officielle de ce jour, de fait évalué par la Commission Éthique Contre la Torture, qui depuis sa naissance en 2001 s’est efforcée pour insérer le sujet de la torture dans l’agenda(le programme  politique et des droits de l’homme. Par des décennies la Concertation et les pouvoirs de l’État ont ignoré ce délit de les a l’humanité, qui est intimement liée à la prison politique et a été partie historique des demandes de justice et de réparation formulée par les organisations d’ex-prisonniers politiques. 

 

Une réouverture de Commission Valech Al respecte a informé la déléguée qui dans les jours suivants se fera connaître la réouverture de la Commission Nationale sur l’Arrêt Politique et Elle torture (la "Commission dénommée Valech") qui qualifiera des cas de victimes de prison politique et de torture non considérés antérieurement. La composition de la Commission sera différente – a exprimé la fonctionnaire – mais il  maintiendra dans son intérieur les mêmes sensibilités politiques qui l’ont originellement caractérisée. Les remplaçants de Monseigneur Sergio Valech, Michel Luis Amunátegui et Lucas Sierra, qui par de diverses raisons ne pourront pas reassumer ces fonctions, ont été nommés par eux, selon Sepúlveda.

 

La Commission Valech José Antoine Gómez fut intégré de plus de la propre Marie Luisa Sepúlveda, près de Luciano Fouillioux, Elizabeth Lira, et Álvaro Varela. La Commission Éthique a réitéré son exigence rapport dont on se considère comme la situation des ex-mineurs et des victimes qui ont subi une prison ou une torture dans des enceintes non considérées officiellement comme centres d’arrêt, ou dans l’extérieur, par suite de l’Opération le Condor.

 

 

Juana Aguilera a été invitée dans l’opportunité à la cérémonie dans laquelle la Présidente Bachelet, a ratifié le 6 juillet 2009, le Statut de Rome, par quel Chili se rallie à la Cour Pénale Internationale (CPI) en permettant que les délits de lesa l’humanité qu’ils(elles) se produisent ici puissent être connus dans une dernière instance à ce tribunal international. Le Chili était le dernier État sud-américain qui restait pour se joindre au tribunal international avec siège à La Haye, chargé de juger des crimes de guerre et les droits a une humanité.

 

La Commission Éthique a représente ce type de délits, particulièrement celui-là de torture, dans tous les rapports livrés(remis) dans dernières années le 29 juin – un jour International de la Solidarité les Victimes de la Torture – à la Présidente Bachelet, et auparavant, à l’ex-Président Richard Lagos.

 

 

Des morts par torture 2009 informe de la Commission Éthique documente les cas qu’ils(elles) préoccupent fondamentalement à l’entité : la disparition inévitable et la mort possible dans une torture d’un moindre Araucan, de José Huenante Huenante en 2005, et les cas d’un total de 59 lutteurs sociaux un Araucan(Araucane) et les activistes de sa cause qui sont dans une prison politique ou en liberté conditionnelle en accomplissant une sentence ou des mesures de précaution. 

 

Elle détaille de la même manière les cas de torture et de montages politiques – judiciaires que touchent aux lutteurs sociaux un Araucan(Araucane) et le non Araucan(Araucane) – comme la documentaliste Hélène Varela – et il(elle) dénonce l’application de la loi antiterroriste à un total 28 des détenus, dans le gouvernement de Lacs et durant le gouvernement de Bachelet. Il(elle) déplore l’impunité devant les cas de la mort par torture de Johnny Cariqueo et l’homicide de Matías Catrileo.   

 

Dans l’opportunité un Araucan(Araucane) Mireya Figueroa se a aussi demandé une attention au cas du luchadora social (47 ans) de la communauté Tricauco, arrêté le 4 juin 2009, accuser de participer à l’incendie du Fonds Poluco Pidenco de Minico Forestier à 2001. Elle est mère de quatre fils et souffre d’un cancer avancé. La Commission a fait l’appelé(le nommé) à la Présidente Bachelet à renoncer à appliquer la législation antiterroriste dans ce cas. La détenue est accusée d’annoncer à l’incendie du Fonds Poluco Pidenco de Mininco en décembre 2001, fait par qui(lequel) reste dans une prison, entre les autres, Patricia Troncoso, jugée de loi antiterroriste et condamnée comme déclarations de témoins sans visage.

 

También se reiteraron –entre otras preocupaciones-  las demandas del levantamiento de las disposiciones de secreto respecto de los nombres de los torturadores registrados por la Comisión Valech respecto de lo cual no hubo respuestas positivas. Sobre el otorgamiento de una reparación real a las víctimas de tortura, se informó que ello será posterior a los resultados de la nueva Comisión calificadora y debe ser materia de ley.

 

 

De la même manière on a fait voir la représentante de la Présidente Michele Bachelet la nécessité urgente de mettre une fin aux peines de bannissement qui condamnent des dizaines de Chiliens à mourir à l’étranger pour avoir été lutteurs antidictatoriaux non considérés comme tel au commencement de la transition ou pour avoir joué des situations postérieures liées à cette lutte politique. La Commission Éthique Contre la Torture se rallie ainsi à la mobilisation du collectif dénommé(nommé) Je "tourne" qu’il(elle) a repris ces établissements déjà poussés antérieurement par cette entité.   

 

         Lucía Sepúlveda Ruiz

         Traduction : Isabelle Aburto

 

 

 

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